Caso Ripoll. La policía política anula al estado de derecho

JOSE MANUEL ARECES.- Editor El Reformista

En una muestra más de las bondades que el socialismo puede traer a este país, el gobierno Zapatero ha vuelto a pasarse el estado de derecho y la seguridad jurídica, por lo que Zerolo llama la “puerta de la felicidad”
Cerca de 220 agentes de policía, con el debido acompañamiento de vehículos, sirenas, y cortes de calles, organizaron una saca de ciudadanos presuntamente ligados a un caso de corrupción en la concesión de una planta de basuras. Con el mismo despliegue táctico que se precisa para una situación de alto riesgo, por poner un ejemplo, la detención de una banda de mafiosos rusos armados hasta los dientes, se llevo a cabo este operativo. Al parecer en la tranquila localidad de Orihuela no se había visto un despliegue semejante desde la guerra civil.

La policía política, a las órdenes directas de Rubalcaba y el fiscal general Pumpido, accede con una orden de registro falsificada del Juzgado de Orihuela, en el domicilio del Presidente de la Diputación provincial de Alicante, registra ilegalmente todas las pertenencias, caja fuerte y documentos privados de este señor, y acto seguido lo secuestra y se lo lleva dependencias policiales, donde es interrogado durante 14 horas. ¿Se le acusa de algo?, el presunto imputado y sus abogados no tienen constancia de ello. A los medios de comunicación si se les da una versión. La Dirección General de Policía emitía una nota de prensa donde señalaba textualmente que “Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en el día de hoy un amplio dispositivo en el marco de la operación “Brugal”, dirigido por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el que se han practicado once detenciones”, continúa declarando el Ministerio del Interior en dicha nota que, “Según los casos, se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento” y finaliza añadiendo “Los detenidos comparecerán ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela en los próximos días”.

Aparentemente dicha operación contaba con una orden judicial emitida según rezaba la nota del Ministerio; “dirigido por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela”. Todo parece en orden, pero la realidad es muy diferente.

Parece que en su precipitación por las necesidades de lograr un golpe propagandístico cara a los medios de comunicación, el Ministerio hubo de saltarse a la torera la legalidad vigente. Inmediatamente después, a la vista de las consecuencias legales de la medida y por no verse implicado, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, hubo de salir al paso, y negar por su parte, su participación en esta operación política. Informa el alto Tribunal en un comunicado que “la operación comenzó en marzo de 2007, hace más de tres años”, y todas las diligencias previas hechas en torno a ella están bajo secreto de sumario. A lo largo de estos años, explican, varios jueces han asumido la investigación, “de forma permanente u ocasional”. Quien ahora lo lleva asumió el caso el mes de febrero, “con lo que la causa contaba ya con casi tres años naturales de investigación”. En la nota, el juzgado indica que el titular del juzgado de Orihuela que lleva la investigación “no hará ninguna alusión siquiera sucinta a los hechos, delitos ni personas físicas” por hallarse toda la investigación bajo secreto de sumario. Pero es el punto 6 del comunicado, relativo a Ripoll, aunque sin nombrarlo, el más llamativo:

“Se debe remarcar que NO existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna”.

Y continúa:

“No se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puestas a disposición judicial”.

El Tribunal, en la nota, añade que “no existe autorización expresa ni tácita a la Oficina Judicial, Ministerio Fiscal ni Policía Judicial, entendidos en un sentido amplio, a proporcionar información sobre estas actuaciones por evidente riesgo de desvirtuar el secreto de las mismas”.

Traduciendo para legos, el tándem Rubalcaba-Pumpido, con el fin de hacer méritos, a escasos días del debate sobre el estado de la nación, monta una de sus especialidades policiales para los telediarios y cabeceras de diarios con un escándalo de corrupción política de altura. El objetivo tapar el caso Bono, los fracasos de Zapatero en la Presidencia de la UE, los desastres de nuestra economía, y demás incompetencias manifiestas protagonizadas por el PSOE.

Llevamos 6 años de campañas anticorrupción de este tenor, siempre dirigidas contra políticos del Partido Popular. Esto forma parte de la guerra sucia que el socialismo está dispuesto a ejecutar para moldear las mentes del público. Con futbol y escándalos de corrupción se llenan páginas y puede que se hable menos del paro y la crisis económica.

Pero no basta con dejar esto en una crítica ante una actuación fuera de toda legalidad, el problema es más grave, se trata de nuestra seguridad jurídica. Hoy les toca a los políticos del PP, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. El mero hecho de cantarle las verdades al gobierno en un editorial, como hace el que suscribe, puede ser causa de atropellos, sacas, paseos y vaya usted a saber qué más. Esto no es una broma, a un hombre se le ha sacado de su casa y se le ha paseado ante todos los medios de comunicación, ante los ojos de 40 millones de españoles, como corrupto y ladrón. ¿Quién pide disculpas?, ¿Quién limpia la imagen de ese ciudadano, sea político o cocinero?.

En el momento en que un gobernante cede a la tentación de utilizar un ordenador para escuchar conversaciones privadas sin causa aparente de delito, utiliza a la policía para lanzar el dedo acusador de la opinión pública sobre los hombros de una persona, sea cual sea su ideología, se salta a la torera el control y supervisión judicial, y se pasa la legalidad y las garantías constitucionales por donde amargan los pepinos, en ese momento ese gobernante esta disolviendo de facto el estado de derecho. Eso es propio de dictaduras totalitarias. Mientras millones de ciudadanos posaban sus ojos en el juego de la selección española un ciudadano estaba sufriendo persecución por su ideología política, señores, esto es Cuba.

Tal es el respeto del gobierno socialista por la separación de poderes. A nadie le puede extrañar, por tanto, que el Tribunal constitucional esté poblado por miembros elegidos a dedo por los políticos y tenga un Estatuto de Cataluña, a todas luces inconstitucional, hasta para un alumno de tercero de derecho, tres años en la nevera. A nadie le puede extrañar tampoco, que un gobierno nacional-socialista multe y persiga a ciudadanos por rotular en sus establecimientos PRIVADOS en el idioma que les venga en gana. A nadie le puede extrañar, igualmente que policías, por órdenes de sus superiores, avisen a terroristas de que van a sufrir una redada.

Vivimos momentos de extrema gravedad, y puedo asegurarles que no pretendo ser catastrofista, porque los hechos son tozudos y catastróficos per se. Nuestra democracia, tal y como se entiende a este sistema, está en peligro. Para que una nación prospere, debe imperar el derecho, y nadie debe estar por encima de la ley. Si no existe un estado de derecho, surge el caos, la anarquía o bien la dictadura. Los ciudadanos precisan de una serie de reglas para la convivencia, estas se llaman leyes, y el poder judicial auxiliado por las fuerzas de seguridad se ocupa de garantizar el imperio de la ley, a eso le llamamos estado de derecho. Esto favorece la convivencia, el orden, la paz y el comercio, o sea la prosperidad y el libre progreso de la vida de los ciudadanos en pos de la felicidad y una vida relativamente cómoda.

No en vano Voltaire decía que todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. En el momento en que no tenemos la protección de la ley, estamos por tanto indefensos. El socialismo trabaja por sus intereses, no por los derechos de los ciudadanos, el socialismo anula la libertad individual, persigue al que discrepa. El socialismo busca el poder como fin, no como medio. El socialismo no cree en una comunidad de hombres libres, sino en una comunidad de hombres mansos. Toda ideología que anula a la persona a favor del colectivo, pretende sustituir el pensamiento individual por el pensamiento de unos pocos dirigentes.

Espero sinceramente que los lectores abandonen por unos instantes sus pasiones futbolísticas y miren a su alrededor, espero sinceramente que sean capaces de ver las alambradas invisibles que se están alzando y las cadenas que poco a poco se anudad entorno a sus muñecas. Aún estamos a tiempo de hacer algo por recuperar la democracia, pero la libertad exige siempre compromiso y esfuerzo, la libertad tiene un peaje, hay que luchar decididamente por ella día tras día. Entretanto, bien estaría, que la oposición no se limite a lanzar al aire denuncias y se rasgue las vestiduras. La oposición en estos momentos debe acudir a todos los cauces legales posibles para exigir justicia, la restitución del estado de derecho y la legalidad. La oposición no debe volver a participar en ninguna reunión a puerta cerrada para negociar cuotas de participación en órganos jurisdiccionales, la oposición debe darse cuenta que la justicia ha de ser independiente, y además debe exigirlo. No podemos continuar por este camino de control político absoluto porque las consecuencias las estamos viviendo hoy, están entre nosotros.