lunes, 27 de diciembre de 2010

Autonomías, libertad y democracia

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JOSE MANUEL ARECES DE ÁVILA.- Editor Periódico liberal

Hace ya tiempo que se ha demostrado con creces que el estado de las autonomías es insostenible en términos absolutos. Las voces con mayor peso de nuestra economía y empresa, es decir, la sociedad civil soberana, se han manifestado de forma más que clara al respecto.

Dos estudios recientes continúan exigiendo un cambio de rumbo serio en este sentido; de un parte el informe de la Fundación Everis y de otra el de FAES. Ambos documentos son contundentes en sus análisis y coincidentes tanto en el diagnóstico como en las recomendaciones. En pocas palabras; no podemos permitirnos semejante despilfarro, es un dislate en lo social y un coladero por el que se van los mejores recursos de la Nación, y en este caso, Señor Zapatero, la Nación, con mayúsculas, ni es un concepto discutido ni discutible, por mucho que pretenda aplicarse el relativismo moral. Los hechos son tozudos, como decía Lincoln, y no hay hecho más evidenciable que la existencia y la presencia en la historia del mundo de la Nación española, única e indivisible.
La mayor parte de nuestros políticos soslayan el debate sobre la conveniencia de poner freno al llamado estado de las autonomías, la explicación es muy sencilla, se trata de una cuestión de poder y empleo. Nunca tuvimos tantos políticos en nómina, y este hecho hemos de agradecerlo precisamente a las 17 comunidades y ciudades autónomas que dan pesebre a 17 parlamentos, innumerables consejerías, direcciones generales, puestos de asesores y siga usted contando, todo esto sin hablar de chiringuitos, empresas públicas, fundaciones, mancomunidades, diputaciones y demás sillones. En definitiva, a nadie le interesa poner el cascabel al gato, sacar la tijera y meterle mano al desaguisado, más que nada porque muchos amigos y partidarios deberían buscar un trabajo. Muy al contrario se buscan argumentos y beneficios a fin de justificar lo injustificable en la confianza de que el papel y el pueblo español, lo soportan todo.

Tal vez el argumento más vacuo en sí mismo y demagógico que nos encontramos, es el de la libertad y la democracia. Al parecer según algunos eruditos de la partitocracia profesional, el estado de las autonomías nos proporciona mayores dosis de libertad, y hace que la democracia resulte más representativa. El discurso se queda ahí. Analicemos la cuestión: Al parecer la antigua división, de ayuntamientos, diputaciones y estado central, no permitía que los españoles fuéramos más libres y parece ser también que esto era muy poco democrático. La democracia, en esencia, es la libre elección por parte de la nación de sus representantes para el buen gobierno de la cosa pública, o sea lo que es de todos, ahí se queda la cosa. Otra cuestión es la división administrativa que queramos dar a nuestro estado, lo cual es una cuestión técnica que en nada tiene que ver con la democracia en sí. Tal vez, si lo que deseamos es profundizar en los conceptos de libertad y democracia, no debamos centrar nuestras miras en crear estructuras pesadas donde miles y miles de políticos profesionales, familiares, amiguetes, corifeos, plañideras, abrazafarolas, conmilitones, palmeros y adláteres hallen un hueco donde asentar sus posaderas. Tal vez el hecho de democratizar los partidos, favoreciendo la igualdad de oportunidades, permitiendo las listas abiertas, ayudaría a que los militantes, que en mi humilde opinión son los dueños de los partidos, que no sus órganos directivos, favorecería la perfección de la democracia. Un buen político no ha de tener miedo de ninguna clase a postularse en buena lid frente a otros compañeros para ser candidato entre sus conmilitones, véase el ejemplo de los estados unidos. Por otra parte, el hecho de permitir la reforma de la ley electoral para favorecer la elección directa y personal de candidatos por circunscripciones y no de partidos favorecería muy mucho la libertad de elección al votante y aseguraría la representación en la defensa de los intereses del territorio. Todas estas medidas tan simples, son bastante más eficaces que mantener el monolitismo antidemocrático de la disciplina de partido, y evitaría las tan costosas divisiones territoriales e intereses aldeanos que, no solo manchan el juego político, sino que arruinan nuestra economía.

Hay una premisa tan demostrable como las leyes de Murphy, y es que si pones a un político en un cargo determinado, este tiende de inmediato a rodearse de secretarias, administrativos, personal de confianza y demás peones que hagan por él su trabajo, dado que la asistencia a plenos, convocatorias, inauguraciones, desfiles, copas de navidad, comidas, cenas y demás saraos que acompañan al cargo, no deja mucho tiempo para la administración. Otra premisa constatable nos dice que en el momento que un político decide realizar una acción política determinada, detrás de esta hay que realizar reglamentos, leyes, proveer unos presupuestos ad hoc, contratar funcionarios y crear los organismos oportunos para que la política en cuestión se lleve a cabo. Basándonos en estas dos premisas fundamentales concluiremos en que la administración de lo público en España es algo sin fin, que se reproduce a si misma independientemente de las disponibilidades presupuestarias, y siempre es directamente proporcional al número de políticos en activo. Concluiremos por tanto en que de ninguna de las maneras nos conviene tener 17 autonomías al evidenciarse todo lo que lleva detrás. Desde el punto de vista empresarial, una administración racional y eficaz ha de ser rentable, de bajo coste y no contar jamás con demasiado personal. El problema es que en la política hay muy pocos empresarios y muchos funcionarios, y de esos polvos vienen estos lodazales, el diagnóstico es muy simple.

Precisamos, como decía el economista Manuel Muela, de un plan B; un plan que augure un mejor futuro para España, que nos proporcione una salida viable y exitosa del problema institucional, económico y moral que asola a la nación. El problema es que ya no hay un Prim o un Unamuno, o tan siquiera un Ortega que tengan voz y peso moral frente a nuestra partitocracia cuyos sordos oídos, lejanos a las necesidades reales de la sociedad, y a los intereses de la nación, persisten numantinamente en defender cargos y prebendas, en sostener un debate estéril, y en proponer recetas que soslayan pertinazmente el problema de fondo. La conclusión inevitable en esta tierra de sangre y sol, de caínes, de toros y de asonadas y revoluciones, es que cuando un problema se deja en el cajón, a la espera de que desaparezca por si solo; termina creciendo cuan bola de nieve y generando un peligroso efecto dominó que solamente puede augurar caos, pobreza y desolación por doquier.

Insistimos por tanto, que es hora de tomar decisiones, de pactar, de ser valientes y de poner las miras en el bien común frente al beneficio cortoplacista de partido. Hora es de forjar unos acuerdos de estado que avalen el futuro que merece una nación occidental, democrática y avanzada, con nuestro peso histórico, y auguro que los valientes que den el paso al frente obtendrán los mejores réditos electorales que jamás hayan podido esperar, eso sí, el asunto requiere esfuerzo, tesón, imaginación, nobleza, algo de idealismo, mucho realismo y un cierto amor por la patria. Esto no es tarea de un partido, sino esfuerzo colectivo.