El estado español en su conjunto es insostenible

JOSE MANUEL ARECES DE ÁVILA.- Editor El Reformista

Está demostrado que a mayor crecimiento de la burbuja burocrática, los niveles de libertad individual descienden en picado y la sociedad civil pierde masa crítica y soberanía.
Muchos Ayuntamientos se encuentran a punto de entrar en quiebra este verano y no podrán pagar, entre otras cosas, las nóminas de sus trabajadores, ni tampoco ofrecer servicios, pero no olvidemos que la responsabilidad es de los políticos que han generado plantillas insostenibles. Gran cantidad de esos Alcaldes que hoy piden ayuda a gritos llevan 20 años en el cargo y han creado la burbuja burocrática. Son responsables.

En 30 años la nómina de empleados públicos no ha parado de crecer como la espuma. Dos son las principales razones de este crecimiento desmedido a mi juicio, de una parte el sistema clientelar por el cual los políticos de todo estrato de gobierno reparten dádivas mediante el empleo público de amigos, familiares y compañeros. La otra razón es el intervencionismo, la política en España se entiende como intervenir prácticamente en todos y cada uno de los aspectos que rodean a la vida de los ciudadanos, cada acción de gobierno implica generar una normativa, la cual a su vez se acompaña de una dotación presupuestaria y personal para aplicarla. El intervencionismo genera una espiral infinita. Otra consecuencia inevitable de dicho intervencionismo es que adocena las libertades individuales, hace que los ciudadanos sean menos autosuficientes y demanden mayor participación y ayuda al estado, lo cual los hace corresponsables del problema.

El Estado ya emplea a casi tantos trabajadores como habitantes tiene la Comunidad de Navarra y supera, con mucho, la población de la ciudad de Málaga. Según los datos publicados por el Ministerio de Economía, el personal al servicio del sector público estatal aumentó en un 1,5%, es decir, en 9.039 empleados.

Partitocracia
Otro dato de interés para comprender el volumen de la burbuja burocrática es el número de políticos y dirigentes de partidos que viven de los impuestos de todos los españoles. Es decir, el imperio de la partitocracia. Estas son las cifras:

1 presidente del gobierno, 17 ministros, Hay diecisiete autonomías, diecisiete presidentes, 54 eurodiputados, 350 diputados en el congreso, 264 senadores, 1.179 diputados autonómicos, 195 consejeros y vicepresidentes autonómicos, En las autonomías hay unos 1.629 directores generales; asesores, consejeros personales y gabinetes presidenciales aparte; 1.151 diputados provinciales, 8.086 alcaldes, 56.000 concejales. No contamos entes públicos, empresas dependientes de la administración, fundaciones y otros organismos públicos autónomos.

A continuación se encuentra toda la masa de empleados que sostienen y alimentan al leviatán: la Administración General del Estado (AGE), que cuenta con 234.821 empleados públicos, un 9% del total. Si al personal de los ministerios se añaden los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y otras entidades y organismos públicos, la cifra se eleva hasta los 561.551 trabajadores, un 21,7% del total. Las universidades, por su parte, cuentan con 97.849 efectivos, un 3,8% del total. También hay 9.300 personas trabajando para el Estado en el extranjero.

Las comunidades autónomas controlan más de 1,3 millones de empleados públicos, lo que supone un 50,4% de los 2,5 millones de funcionarios que trabajan para todas las administraciones públicas de España, las administraciones locales, cuentan con un personal de 623.214 trabajadores, es decir, un 24,1% del total

Dada la transferencias de competencias de los últimos años, las comunidades son las que cuentan con un mayor número de funcionarios -1,3 millones-, seguidas de las entidades locales -623.000 empleados- y la Administración General del Estado en cada autonomía -561.000-, a los que hay que sumar otros 97.800 trabajadores de las universidades.

En el conjunto de España hay 2.582.846 personas trabajando para las instituciones estatal, autonómica o local, así como en las universidades y, por sexos, existe casi el mismo número de hombres que de mujeres (1.227.030 y 1.355.816, en cada caso).

A mayor número de funcionarios, aumenta la pobreza en la región
La comunidad más pobre de España es Andalucía que sin embargo cuenta con 489.671 funcionarios, de los cuales 254.094 están al servicio de la comunidad autónoma, mientras que otros 128.444 trabajan en los distintos entes locales, como ayuntamientos o diputaciones provinciales, y otros 88.122 pertenecen a la Administración General del Estado.

Tras Andalucía se encuentra Madrid, con 415.000 funcionarios en general, y es la única región donde el personal de la Administración estatal (164.557 personas) supera al de la propia autonomía (159.000).

Además de Ceuta y Melilla, con 9.296 y 9.300 funcionarios, respectivamente, las comunidades con menos trabajadores al servicio de las distintas autonomías son La Rioja (16.489), Navarra (31.398) y Cantabria (32.769).

Se suponía que con las transferencias de competencias, el personal del estado central pasaba a las Comunidades autónomas, pero lo cierto es que esto no se ha considerado suficiente. Sólo en los últimos diez años, el número de funcionarios ha aumentado en estas administraciones en 600.000, es decir, un 92%. En orden de mayor a menor lideran Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia y Castilla y León.

Las comunidades autónomas que cuentan con menos empleados públicos son las más ricas, lo cual demuestra que superar determinado umbral de funcionarios genera mayor gasto, aumenta la dependencia social, desciende la iniciativa privada e incrementa los impuestos. En definitiva a mayor número de empleados públicos, mayor pobreza.

Las comunidades autónomas son totalmente ineficientes, y en el caso de las comunidades que son gobernadas por partidos separatistas, el gasto se dispara, porque a la financiación necesaria para gestión y administración, se une el gasto en política lingüística, cultural, embajadas, y demás gastos superfluos, lo que hace que no paren de exigir mayor dotación presupuestaria al estado central año tras año, lo cual redunda en mayor inestabilidad política. Cataluña desciende puestos en riqueza años tras año, ya se ha visto superada por Madrid y Valencia, lo cual significa que las políticas de racismo, y separatismo generan pobreza y destruyen la economía. Aumenta la inseguridad jurídica, se rompe el comercio interior nacional, genera odios y divisiones entre los ciudadanos y rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos.

“La proliferación de leyes regionales implica, en algunos casos, que las empresas tienen que enfrentarse a 17 marcos regulatorios diferentes en su mercado doméstico, que plantea obstáculos y costes más altos para las compañías privadas”, dice Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Este proceso ha incrementado los temores de una ruptura de un mercado interno de 46 millones de habitantes.

Los hechos diferenciales, enmascaran una voracidad presupuestaria sin igual, dividen a la nación y rompen el principio democrático de igualdad ante la ley.

Las comunidades autónomas generan además grandes ineficiencias y un tremendo caos administrativo, por ejemplo la falta de movilidad profesional a causa de problemas lingüísticos, así es más fácil contratar médicos extranjeros que de otra comunidad autónoma. No se puede acudir con la misma receta a otra comunidad, lo cual perjudica a enfermos crónicos en sus desplazamientos. Existen 17 permisos de caza y pesca, y 17 normativas distintas según el territorio. La lista es larga. En España tenemos el mismo número de coches oficiales que en Estados Unidos (30.000),

El estado de las autonomías es el paraíso de la burocracia, y un vergel para la profesión de la política, pero fuera de estas dos castas laborales, lo cierto es que nos alejamos del concepto de estado moderno, eficaz y barato, y caminamos hacia el pasado y la pobreza. Las consecuencias de la burbuja administrativa que vive España se ven reflejadas en la baja competitividad de nuestras empresas, el cierre de muchas de estas que no pueden soportar la carga fiscal y normativa, y favorecemos el crecimiento de países competidores nuestros en detrimento de nuestra sociedad.

¿Realemente necesitan ustedes más datos para darse cuenta del tamaño de la burbuja?

Se ha cruzado hace muchos años la barrera invisible en la que el estado estaba al servicio de los ciudadanos para pasar a estar al servicio de sí mismo.
Se dice por ahí que las ideologías han muerto, que hoy ese debate resulta esteril. No solamente discrepo de este argumento, sino que afirmo que se precisa un debate ideológico de calado, y que este ha de partir de la propia sociedad. La actual alianza partitocrática y burocrática aliena por puro interés el debate ideológico y lo sustituye por el marketing electoral. El español medio no vota a una ideología sino a una marca. Un simple dato, ségún una encuesta reciente más de la mitad de los andaluces no sabe que Jose Antonio Griñán es el Presidente de su Comunidad Autónoma, sin embargo el PSOE gana mayoritariamente en esta región. ¿cual es la exlicación más plausible?. La Casta anula el debate ideológico en favor del marquismo y el cromatismo político. El debate gira entorno al partidismo de colores, usted puede ser verde, rojo o azul, no se aceptan más apuestas. Nos dicen que a mayor número de partido el país sería ingobernable a causa de la inestabilidad, ¿por qué?. Lo que hace gobernable y estable un parlamento es el diálogo y el debate, pertenecer a un partido que anula las opiniones de sus representantes en favor de la opinión única y la disciplina de partido es anular la libertad individual. El último estado de la nación ha sido un ejemplo manifiesto de un espectáculo de hinchas de dos bandos silbándose o aplaudiendo al lider respectivo, pero de ideas y propuestas poco hemos visto. Ese frentismo se traslada a la sociedad con el fin de anular ideas, independencia y libertad.

Se ha producido en estas últimas décadas una simbiosis perversa entre partitocracia y burocracia. Así la mayor parte de nuestros políticos son funcionarios de carrera, hay pocos o casi ningún empresario, autónomo o profesional liberal. A su vez los partidos hacen ingresar a sus huestes en la administración a través de cargos de confianza y luego, mediante subterfugios, consolidan esos puestos de trabajo como fijos. Por tanto, hemos llegado a un punto en el que la endogamia entre ambas castas ha devenido en una sola y gran familia, que detenta el poder y pugna por sostener el modelo. Consecuencia: entrar en política en España es un ejercicio destinado al fracaso si no se procede de la casta, vease el caso Pizarro. La casta anula la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, desacredita publicamente al independiente, con la connivencia de los medios de comunicación, anula civilmente al que discrepa y le destina al ostracismo público y político.

La solución a estos males se encuentra en el liberalismo, cuyos mayores enemigos, precisamente, son los más poderosos de este país. Políticos intervencionistas que han centrado su vida profesional en vivir a costa del erario público, y funcionarios, ambas castas dominan todos los resortes del poder y serían las primeras bajas de la guadaña liberal. La crisis económica ha puesto de manifiesto que continuar en la senda del intervencionismo político, y conceder mayor autogobierno a las regiones, no va ya en menoscabo de la libertad del individuo, sino que nos aboca al pasado, a la ineficiencia y a la dictablanda de la burocracia, y lo mas peligroso, a la ruína económica.

El crecimiento y la competitividad de una nación solo pueden desarrollarse en un marco de libertad, la prosperidad trae la felicidad a los individuos, y en este momento en España solo gozan de prosperidad y seguridad unos pocos privilegiados, la masa funcionarial y los políticos por encima del resto, a la que llamamos “La Casta”. En democracia no se puede admitir esta situación ininterrumpidamente sin que se camine al desastre. Conforme pase el tiempo estas diferencias sociales en cuanto a derechos se harán más patentes y por tanto será más cierta la posibilidad de una revolución.

Es preciso la formación de un partido liberal unificado que esté en condiciones de concurrir a las urnas, para ello se precisa reunir a las distintas tribus del liberalismo español, es necesario, no ya solamente, por cuestiones de necesidad patentes, sino de puro patriotismo. También se hace preciso limpiar la mal traída imagen de las ideas liberales en España, con pedagogía y discurso. El pueblo en su cojunto desconoce esta filosofía política y solo identifica los tópicos empleados por los enemigos del liberalismo, acusados desde la izquierda de capitalismo salvaje, y desde el conservadurismo como enemigos de la religión y el orden.

El liberalismo reformista en estos momentos es la única salida viable para construir una democracia moderna en España, para dar rescate a la soberanía nacional y regenerar las libertades individuales, para devolver el equilibrio territorial, salvagurdar la seguridad jurídica y para lograr una economía en prosperidad que asegure un futuro prospero en igualdad a todos los ciudadanos.

Zapatero defiende el desacato a la sentencia del constitucional y promete a Montilla y partidos catalanes “desarrollar el estatuto”

JOSE MANUEL ARECES.- Editor El Reformista

Hemos vuelto a escuchar a un hombre ausente de la realidad, en las nubes, carente de sentido de la proporción y sometido a los vaivenes de su inestable posición parlamentaria
Durante su discurso en el debate sobre el estado de la Nación, Zapatero se ha contradicho permanentemente en cuanto a la sentencia del Estatuto. Por una parte ha asegurado que estaba muy contento con la sentencia y que por tanto respeta dicha sentencia del Tribunal Constitucional, pero instantes después promete desarrollar el Estatuto de Cataluña en un guiño a Montilla, en un claro gesto de desacato.
En este sentido, Rodríguez Zapatero, ha dicho públicamente que tratará de saltarse la sentencia del estatuto a la torera, desarrollándolo mediante nuevas leyes orgánicas, poniendo así al parlamento por encima del constitucional, y culpando como es costumbre al PP del problema del estatuto catalán. Zapatero ha señalado que la norma catalana es “expresión de la legítima opción política de un Gobierno que no recela del autogobierno, sino que lo reconoce, y que no teme la fuerte identidad política de Cataluña, sino que la respeta”. En ese sentido, ha insistido en que evaluará “la posibilidad de que algunos de los aspectos que han sido declarados inconstitucionales no por razones de fondo, sino de tipo de norma apto para regularlos, puedan ser abordados, como indica el propio Tribunal, por el cauce constitucionalmente procedente”. Y ha recalcado que todo ello lo hará “en diálogo con la Generalitat“. No le ha faltado asegurar que será “sensible” a la “expresión de muchos catalanes en defensa de su identidad”, lo cual supone dejar de lado la opinión del pueblo español en general.

Hoy hemos visto al Presidente de un gobierno acabado y alejado de la realidad del país, desconectado de las necesidades y la situación real de trabajadores y empresarios. En un discurso ausente de la realidad social por parte de un personaje que parece no estar en este mundo. No se ha podido escuchar ni un anuncio nuevo de reforma, ni una sola propuesta, todo han sido loas al Plan E, y datos confusos cuando no tergiversados sobre planes ya antiguos. El baile de datos y cifras presentado por el presidente ha sido un mar de contradicciones y medias verdades.

Rodríguez Zapatero no ha parado a lo largo de su discurso de hacer llamamientos a la colaboración y al pacto con los partidos políticos. “Estamos en un momento trascendental, crucial. Tenemos que culminar esta transición cuanto antes porque de esto va a depender nuestro bienestar, el de ahora y el de las próximas décadas”, ha dicho antes de hacer una llamada directa “al esfuerzo colectivo”, porque, ha dicho: “Esta es una tarea de país, un reto de país, una ambición de país. Y como tal hemos de interiorizarla”.

No se ha anunciado ninguna nueva medida económica, todas las reformas y planes proceden de antiguo, el Presidente del Gobierno prácticamente se ha deshecho en alabanzas vendiendo su famosa ley de economía sostenible (la cual aún no ha comenzado a ejecutarse), y ha realizado su máxima apuesta en aumentar el esfuerzo industrial en un producto tan superfluo en estos momentos como es el coche eléctrico, precisamente en un país que paradójicamente no genera suficiente energía eléctrica.

En su debate particular con el líder de la oposición Mariano Rajoy no ha dudado en culpar a este de todos los males del país, en achacarle su falta de colaboración y en retarle, un año más a presentar una moción de censura. Rajoy por su parte ha demostrado la insolvencia y la falta de credibilidad de Zapatero, ha justificado que la fuente de los problemas no puede ser el mejor gestor para las soluciones y no ha dudado en reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas. Zapatero por su parte se ha escudado, como siempre, en su victoria electoral de 2008 para agotar la legislatura.

En un discurso falto de fuelle, nuestro Presidente ha pretendido vender una supuesta mejora de la economía como un éxito de su gobierno, esta mejora se basa a su parecer en que los españoles hemos reducido nuestra demanda o dependencia del crédito, cuando esto en realidad se debe a su ausencia. Zapatero ha querido convencer a la ciudadanía de que los esfuerzos de la sociedad por ajustarse el cinturón, soportar sus subidas de impuestos y sus retrasos en la toma de medidas concretas, son resultado de su buen hacer. Causa sonrojo observar a un hombre que no solo no es capaz de admitir la realidad, sino que no duda en mentir permanentemente y echar los balones a la oposición. La única cosa clara que hemos sacado de este aburrido debate, de puro trámite es que Zapatero no piensa abandonar el poder, que está dispuesto a llevarse a media población por delante si fuera preciso, y que sigue en su empeño de formar una federación de Taifas saltándose a la torera la carta magna y lo que fuere preciso.

No puede liderar la salida de una crisis un hombre que ganó unas elecciones mintiendo a la sociedad, negando la existencia de dicha crisis. Estamos de acuerdo con Rajoy en que Zapatero es el problema, y no sería malo comenzar a conocer las propuestas del líder de la oposición para su gobierno. Nos queda por delante un año y medio muy duro, pues Zapatero solo actuará bajo demanda exterior, entre tanto continuará contento y feliz viendo los inexistentes brotes verdes, conejos con chistera, burros volando y cualquier fabulación de las que por doquier le pintan sus más de 6oo asesores.

Caso Ripoll. La policía política anula al estado de derecho

JOSE MANUEL ARECES.- Editor El Reformista

En una muestra más de las bondades que el socialismo puede traer a este país, el gobierno Zapatero ha vuelto a pasarse el estado de derecho y la seguridad jurídica, por lo que Zerolo llama la “puerta de la felicidad”
Cerca de 220 agentes de policía, con el debido acompañamiento de vehículos, sirenas, y cortes de calles, organizaron una saca de ciudadanos presuntamente ligados a un caso de corrupción en la concesión de una planta de basuras. Con el mismo despliegue táctico que se precisa para una situación de alto riesgo, por poner un ejemplo, la detención de una banda de mafiosos rusos armados hasta los dientes, se llevo a cabo este operativo. Al parecer en la tranquila localidad de Orihuela no se había visto un despliegue semejante desde la guerra civil.

La policía política, a las órdenes directas de Rubalcaba y el fiscal general Pumpido, accede con una orden de registro falsificada del Juzgado de Orihuela, en el domicilio del Presidente de la Diputación provincial de Alicante, registra ilegalmente todas las pertenencias, caja fuerte y documentos privados de este señor, y acto seguido lo secuestra y se lo lleva dependencias policiales, donde es interrogado durante 14 horas. ¿Se le acusa de algo?, el presunto imputado y sus abogados no tienen constancia de ello. A los medios de comunicación si se les da una versión. La Dirección General de Policía emitía una nota de prensa donde señalaba textualmente que “Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en el día de hoy un amplio dispositivo en el marco de la operación “Brugal”, dirigido por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el que se han practicado once detenciones”, continúa declarando el Ministerio del Interior en dicha nota que, “Según los casos, se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento” y finaliza añadiendo “Los detenidos comparecerán ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela en los próximos días”.

Aparentemente dicha operación contaba con una orden judicial emitida según rezaba la nota del Ministerio; “dirigido por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela”. Todo parece en orden, pero la realidad es muy diferente.

Parece que en su precipitación por las necesidades de lograr un golpe propagandístico cara a los medios de comunicación, el Ministerio hubo de saltarse a la torera la legalidad vigente. Inmediatamente después, a la vista de las consecuencias legales de la medida y por no verse implicado, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, hubo de salir al paso, y negar por su parte, su participación en esta operación política. Informa el alto Tribunal en un comunicado que “la operación comenzó en marzo de 2007, hace más de tres años”, y todas las diligencias previas hechas en torno a ella están bajo secreto de sumario. A lo largo de estos años, explican, varios jueces han asumido la investigación, “de forma permanente u ocasional”. Quien ahora lo lleva asumió el caso el mes de febrero, “con lo que la causa contaba ya con casi tres años naturales de investigación”. En la nota, el juzgado indica que el titular del juzgado de Orihuela que lleva la investigación “no hará ninguna alusión siquiera sucinta a los hechos, delitos ni personas físicas” por hallarse toda la investigación bajo secreto de sumario. Pero es el punto 6 del comunicado, relativo a Ripoll, aunque sin nombrarlo, el más llamativo:

“Se debe remarcar que NO existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna”.

Y continúa:

“No se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puestas a disposición judicial”.

El Tribunal, en la nota, añade que “no existe autorización expresa ni tácita a la Oficina Judicial, Ministerio Fiscal ni Policía Judicial, entendidos en un sentido amplio, a proporcionar información sobre estas actuaciones por evidente riesgo de desvirtuar el secreto de las mismas”.

Traduciendo para legos, el tándem Rubalcaba-Pumpido, con el fin de hacer méritos, a escasos días del debate sobre el estado de la nación, monta una de sus especialidades policiales para los telediarios y cabeceras de diarios con un escándalo de corrupción política de altura. El objetivo tapar el caso Bono, los fracasos de Zapatero en la Presidencia de la UE, los desastres de nuestra economía, y demás incompetencias manifiestas protagonizadas por el PSOE.

Llevamos 6 años de campañas anticorrupción de este tenor, siempre dirigidas contra políticos del Partido Popular. Esto forma parte de la guerra sucia que el socialismo está dispuesto a ejecutar para moldear las mentes del público. Con futbol y escándalos de corrupción se llenan páginas y puede que se hable menos del paro y la crisis económica.

Pero no basta con dejar esto en una crítica ante una actuación fuera de toda legalidad, el problema es más grave, se trata de nuestra seguridad jurídica. Hoy les toca a los políticos del PP, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. El mero hecho de cantarle las verdades al gobierno en un editorial, como hace el que suscribe, puede ser causa de atropellos, sacas, paseos y vaya usted a saber qué más. Esto no es una broma, a un hombre se le ha sacado de su casa y se le ha paseado ante todos los medios de comunicación, ante los ojos de 40 millones de españoles, como corrupto y ladrón. ¿Quién pide disculpas?, ¿Quién limpia la imagen de ese ciudadano, sea político o cocinero?.

En el momento en que un gobernante cede a la tentación de utilizar un ordenador para escuchar conversaciones privadas sin causa aparente de delito, utiliza a la policía para lanzar el dedo acusador de la opinión pública sobre los hombros de una persona, sea cual sea su ideología, se salta a la torera el control y supervisión judicial, y se pasa la legalidad y las garantías constitucionales por donde amargan los pepinos, en ese momento ese gobernante esta disolviendo de facto el estado de derecho. Eso es propio de dictaduras totalitarias. Mientras millones de ciudadanos posaban sus ojos en el juego de la selección española un ciudadano estaba sufriendo persecución por su ideología política, señores, esto es Cuba.

Tal es el respeto del gobierno socialista por la separación de poderes. A nadie le puede extrañar, por tanto, que el Tribunal constitucional esté poblado por miembros elegidos a dedo por los políticos y tenga un Estatuto de Cataluña, a todas luces inconstitucional, hasta para un alumno de tercero de derecho, tres años en la nevera. A nadie le puede extrañar tampoco, que un gobierno nacional-socialista multe y persiga a ciudadanos por rotular en sus establecimientos PRIVADOS en el idioma que les venga en gana. A nadie le puede extrañar, igualmente que policías, por órdenes de sus superiores, avisen a terroristas de que van a sufrir una redada.

Vivimos momentos de extrema gravedad, y puedo asegurarles que no pretendo ser catastrofista, porque los hechos son tozudos y catastróficos per se. Nuestra democracia, tal y como se entiende a este sistema, está en peligro. Para que una nación prospere, debe imperar el derecho, y nadie debe estar por encima de la ley. Si no existe un estado de derecho, surge el caos, la anarquía o bien la dictadura. Los ciudadanos precisan de una serie de reglas para la convivencia, estas se llaman leyes, y el poder judicial auxiliado por las fuerzas de seguridad se ocupa de garantizar el imperio de la ley, a eso le llamamos estado de derecho. Esto favorece la convivencia, el orden, la paz y el comercio, o sea la prosperidad y el libre progreso de la vida de los ciudadanos en pos de la felicidad y una vida relativamente cómoda.

No en vano Voltaire decía que todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. En el momento en que no tenemos la protección de la ley, estamos por tanto indefensos. El socialismo trabaja por sus intereses, no por los derechos de los ciudadanos, el socialismo anula la libertad individual, persigue al que discrepa. El socialismo busca el poder como fin, no como medio. El socialismo no cree en una comunidad de hombres libres, sino en una comunidad de hombres mansos. Toda ideología que anula a la persona a favor del colectivo, pretende sustituir el pensamiento individual por el pensamiento de unos pocos dirigentes.

Espero sinceramente que los lectores abandonen por unos instantes sus pasiones futbolísticas y miren a su alrededor, espero sinceramente que sean capaces de ver las alambradas invisibles que se están alzando y las cadenas que poco a poco se anudad entorno a sus muñecas. Aún estamos a tiempo de hacer algo por recuperar la democracia, pero la libertad exige siempre compromiso y esfuerzo, la libertad tiene un peaje, hay que luchar decididamente por ella día tras día. Entretanto, bien estaría, que la oposición no se limite a lanzar al aire denuncias y se rasgue las vestiduras. La oposición en estos momentos debe acudir a todos los cauces legales posibles para exigir justicia, la restitución del estado de derecho y la legalidad. La oposición no debe volver a participar en ninguna reunión a puerta cerrada para negociar cuotas de participación en órganos jurisdiccionales, la oposición debe darse cuenta que la justicia ha de ser independiente, y además debe exigirlo. No podemos continuar por este camino de control político absoluto porque las consecuencias las estamos viviendo hoy, están entre nosotros.