Alacrana, un precedente peligroso

JOSE MANUEL ARECES.-
Hoy nos hemos almorzado con el anuncio, por parte del desaparecido en la cuestión Presidente Rodríguez, respecto a la liberación del pesquero, no se si español, vasco o de la Seychelles, Alacrana.

El Presi ha salido de un solemne que yo diría que ha sido hasta soso, curiosamente han sabido retener la información hasta el mediodía coincidiendo con los telediarios. Zapatero se ha desecho en elogios a la gestión de la vice DelaVega, de la gran capitana Chacón, el CNI y una larga lista en la que no ha faltado otro gran colaborador del régimen, un tal Mariano Rajoy. Según el mandatario todo se ha realizado con la máxima efectividad, y el gobierno ha actuado ejemplarmente en la crisis.

Felicito a las familias por el horrible y excesivo drama que han vivido, no hay nada peor que no saber, que vivir sin noticias. Me alegro de corazón.

Dicho todo esto pasemos a analizar la historia, porque es la historia la que nos proporciona lecciones, y en este caso se precisa ver con rigor los hechos. Existe un precedente claro en la zona, es el caso del pesquero “Playa de Baquio”. Dicha nave fue capturada en condiciones similares por una de las bandas de piratas que asolan estas frecuentadas aguas. El secuestro tuvo su fin en el momento en que se pago el rescate. Como es evidente los piratas disponían de un precedente con peso para abordar una nueva nave de origen español en cuanto la situación fuera propicia, y así sucedió. En aquel momento tras pagar el rescate el gobierno no hizo nada por perseguir a los delincuentes, amparándose en lo lejano de esta agua y cuestiones dudosas de derecho internacional, más bien es la falta de peso político y beligerancia del gabinete, y sobre todo que para un gobierno flojo siempre es más cómodo pagar

En el caso que hoy nos ocupa, quiera o no, el gobierno se vuelve a encontrar ante una situación similar, y no conviene caer una tercera vez en la misma piedra.

Pero, ¿quienes son estos piratas y cual es el contexto regional?

La piratería existente en las costas de Somalia ha sido una amenaza para el transporte marítimo internacional desde la guerra civil iniciada en aquel país a principios de los años 90. Desde 2005, varias organizaciones, incluyendo la Organización Marítima Internacional y el Programa Mundial de Alimentos, han expresado su preocupación ante el aumento de este tipo de actos. Uno de los medios utilizados para enfrentar esta situación es la Task Force 150, coalición naval multinacional que opera en el golfo de Adén, el golfo de Omán, el Mar Arábigo, el Mar Rojo y el Océano Índico.

Por su parte, los piratas somalíes, dedicados la mayoría a pesca artesanal y autodenominados en un principio como "Guardia Costera Voluntaria de Somalia", denuncian que los verdaderos bandidos del mar son los pescadores clandestinos que saquean nuestros peces, en clara alusión a los barcos pesqueros de países desarrollados; y recuerdan a su vez, el grave problema de contaminación que sufren debido al vertido de sustancias contaminantes radiactivas que estos países realizan en su litoral.



El estado caótico de Somalia al no contar con un gobierno central, sumado a la ubicación del país en el denominado Cuerno de África, fueron los factores que facilitaron el surgimiento de la piratería en aquel país. Desde la caída del gobierno a principios de los años 90, flotas extranjeras comenzaron a practicar la pesca ilegal en aguas somalíes, así como vertidos tóxicos y nucleares. Los piratas decidieron proteger la costa antes que la milicia se viera envuelta. Esta actividad comenzó a decaer tras el alzamiento de la Unión de Cortes Islámicas en 2006. Sin embargo, la piratería volvió a crecer luego que Etiopía invadiera Somalia en diciembre de ese mismo año.

Algunos de los piratas eran pescadores, quienes reclaman por la presencia de barcos extranjeros en aguas somalíes. Debido a las ganancias que obtienen a raíz de los secuestros, los piratas han recibido el apoyo de "señores de la guerra", quienes facilitan este tipo de actividades a cambio de una parte de las ganancias. Los piratas no causan daño a las víctimas de sus secuestros para luego poder exigir algún tipo de rescate a cambio, es evidente que el secuestro marítimo es un negocio muy lucrativo.

Los intentos por acabar con esta práctica se ven limitados por la barrera que significa el mar territorial de Somalia. Las persecuciones a embarcaciones piratas se ven interrumpidas cuando estas ingresan al mar territorial, ya que no existe un permiso por parte del gobierno para poder entrar. Por otro lado, el gobierno de Puntlandia ha obtenido cierto progreso en el combate de la piratería, reflejado en sus recientes intervenciones.

En junio de 2008, respondiendo a la carta enviada por el Gobierno Transicional de Somalia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aceptó de forma unánime el permiso que este gobierno concedía a algunas naciones para entrar en el mar territorial de Somalia con el fin de combatir la piratería. La medida, que fue propuesta por Francia, Estados Unidos y Panamá, tendrá una duración de seis meses. Francia propuso extender la medida a otras zonas como África occidental, pero fue rechazada por los representantes de China, Vietnam y Libia, quienes decidieron limitar el rango de acción a un solo país.

Bien, es evidente que el contexto es complicado pero existen iniciativas internacionales suficientes como para amparar legalmente cualquier acción militar en la zona, dado que se admite el riesgo y hay una resolución legal que favorece la actuación.

En el caso de España se imponen mediadas que contribuyan a evitar que se repita otra situación similar. Estas medidas a la luz de la experiencia y visto con quien se ha de tratar no pueden ser otras que actuar de una parte en el campo de la inteligencia, para rastrear el destino de los fondos del secuestro y procurar su recuperación, también la inteligencia ha de ocuparse de detectar la base o bases de estos piratas, y seguidamente bien unilateralmente o en el marco de una operación multinacional, proceder a la captura de los piratas y a la supresión de sus medios navales y armamento, como medida de castigo de una parte y protección frente a nuevos intentos de secuestro.



Estas son situaciones en las que una nación ha de hacerse respetar, no ya ante los agresores, sino en el contexto internacional, así lo hizo Francia en su momento. Urge por tanto que nuestras fuerzas armadas reciban las órdenes oportunas para actuar de manera decidida y cortar toda posibilidad de una nueva agresión. Esto debería haberse hecho ya tras el caso del “Playa de Baquio”, ahora hay una nueva oportunidad de restituir el honor nacional, y mostrar una imagen de decisión y firmeza ante piratas y otras naciones.

También conviene analizar la mala praxis del gobierno en otras cuestiones, dado que como siempre el Presidente Zapatero es incapaz de hacer un análisis objetivo. La captura de los dos piratas somalíes fue un error muy grave que retrasó las inevitables negociaciones para el pago del rescate y solo sirvió para añadir un punto de preocupación a las familias de los marineros. Existe un acuerdo con Kenia para juzgar estos delitos, la armada propuso acudir a este acuerdo, sin embargo el gabinete de crisis liderado por De la Vega quería hacer un gesto y lanzar una foto a los medios para dar una imagen de firmeza. Se ordenó al abogado del estado para que reclamase la extradición y el lío consiguiente es bien conocido. Acto seguido la crisis se cernió sobre el gabinete de crisis y a la vista del craso error todo el mundo intentó quitarse el muerto de encima, lo único que se logró con esta medida fue aumentar el costo del rescate, elevar la angustia de las familias y los consiguientes costos en desprestigio para el gobierno a nivel interno e internacional, para más Inri este gobierno ha logrado la categoría de pusilánime ante los propios malhechores, a los que importaban una higa los dos detenidos, pero vinieron de perillas para aumentar el suspense.

El estado de nervios de los miembros del gobierno se vio aumentado en el instante en que los marineros lanzaron el grito de auxilio a sus familias y salieron a la luz los manejos del gabinete de crisis para acallar las protestas de las familias, amenazas incluidas, El espectáculo ha sido bochornoso, incluida la actuación del misterioso abogado de Abdul Willy que día si, y día también hacía recomendaciones a la fiscalía, y al poder judicial sobre cómo solucionar el problema. Prueba de las conexiones de este abogado con el gobierno ha sido la inmediata intervención del juez, que en cosa de un mes resolverá el caso, lo que no se ha visto en la vida en la Audiencia nacional, ver para creer. Probablemente en ese mes veamos a los piratas fuera de nuestro país, pues evidentemente esto forma parte del acuerdo de rescate. Maniobras torticeras y cutres todas ellas para solucionar un problema secundario y que solo ha servido para prolongar un secuestro cuyo final no era otro que el pago de un rescate. De hecho no es hasta el momento en que se movilizan las familias y salen a los medios, cuando el gobierno llega ya al colapso total por puro pavor y acelera para encontrar soluciones.

Por tanto esta historia nos proporciona excelentes lecciones sobre cómo actuar y muy especialmente sobre lo que no se ha de hacer. En cuanto a las medidas consiguientes, de una parte se precisa tomar medidas preventivas ante nuevos casos, mediadas que van desde ampliar la zona de seguridad y armar a los buques, hasta pasar a una política activa de lucha contra esta forma de delincuencia. La experiencia no permite volver a la política de los enjuagues, la indecisión y mentir a la opinión pública. Por tanto hace muy mal Zapatero en ponerse una medalla ante tamaña chapuza, y de ser un político con cierto valor e inteligencia debería hacer examen de conciencia y cambiar decididamente de política, o más bien en este caso de definir una política.