La justicia no está tan ciega

JOSE MANUEL ARECES.-
La mitad de los jueces amenaza al gobierno con su primera huelga si no se cumplen sus objetivos, antes de seis meses. El plante se realiza no sin responsabilidad, ya quisiera el gobierno que los sindicatos dieran tan amplios plazos. Cuatro asociaciones de jueces exigen la adecuación salarial, la regulación de su carga de trabajo, y la adaptación de la justicia a las nuevas tecnologías. Promoverán una protesta en todas las sedes judiciales del país el próximo 18 de febrero, en caso de no lograrse acuerdo habrá una huelga para el mes junio. El ministro de la cosa, Bermejo, cree que esto es injustificable y señala con el dedo a los jueces amenazándoles con el recuerdo de que nadie es intocable, es evidente que a la banda de la secta no le agradan las verdades. Todo esto sucede tres meses después del paro de los secretarios judiciales, en solidaridad por la suspensión de empleo y sueldo, de la secretaria judicial relacionada con el caso Mari Luz, y un año después de los tremendos paros de los trabajadores de justicia.

En fin, si algo es evidente, es que en la justicia hay problemas. Resulta chocante como el Presidente del gobierno en recientes declaraciones hablaba de la independencia del poder judicial, curioso resulta escuchar estas palabras, cuando día sí y día también, somos testigos de las presiones políticas que los del régimen ejercen hacia aquellos jueces que nos son de su cuerda, no olvidamos el caso del juez Ferrín, públicamente linchado por las asociaciones de jueces y fiscales progres, colectivos lésbicos, partidos de izquierda y agrupaciones de afectos al pesebre institucional.

El problema de España es precisamente que habida cuenta del mal funcionamiento de la administración, de la corrupción generalizada, de los chanchullos miles, el carácter picaresco español, los fraudes empresariales, los divorcios por matrimonios mal planteados, querellas entre vecinos, y demandas varias; exigen una justicia no ya de calidad, sino con los medios suficientes para absorber la brutal carga de casos que se acumulan en los palacios de justicia.

Para más Inri la cesión de competencias de justicia a las comunidades autónomas, uno de los mayores errores de la democracia, han acelerado el problema, porque ahora vamos a 17 administraciones de justicia, cada cual a su manera, esto es un dislate.
Los jueces tienen una gran carga de razón y en principio piden lo que cualquier hijo de vecino, y desde luego su comportamiento resulta más ejemplar, a la hora de amenazar con una huelga, que el que muestran pilotos o sindicatos verticales como UGT y CCOO, cada vez que se le pasa por el arco del triunfo organizar una tangana.

Necesitamos una administración de justicia eficaz, con medios suficientes para prestar el mínimo servicio que precisan los ciudadanos, este es un servicio que responde a una de las más básicas garantías en democracia, dar justicia al que la precisa, hacer aplicar las leyes por las que nos regimos, dirimir los conflictos, en fin, tener paz. Si para esto se precisan cientos o miles de ordenadores, y su mantenimiento, cómprense, en lugar de invertir en vinos españoles, inauguraciones y festejos varios. No hagamos parar a un servicio básico para la convivencia por causa del dispendio en imagen y propaganda inútiles. Probablemente el ministro Bermejo en lugar de andar hurgando heridas, manipulando al ministerio fiscal, repartiendo prebendas a amigos, o castigando desafectos, y lanzando amenazas; mejor debiera pelear con su patrono por obtener estos fondos para su departamento. No en vano queda bastante mal que el tal Mariano Bermejo, a la sazón ministro de justicia, se gastase 250.000 euros de vellón en la reforma de su pisito y ahora ande racaneando con necesidades que sí son reales, con ese dinero se hubieran equipado informáticamente 100 salas judiciales. Llámenme demagogo si quieren, pero los dineros están para administrarlos y gastarlos con cierto decoro, máxime en tiempos de crisis.