Autonomías, libertad y democracia

JOSE MANUEL ARECES DE ÁVILA.- Editor Periódico liberal

Hace ya tiempo que se ha demostrado con creces que el estado de las autonomías es insostenible en términos absolutos. Las voces con mayor peso de nuestra economía y empresa, es decir, la sociedad civil soberana, se han manifestado de forma más que clara al respecto.

Dos estudios recientes continúan exigiendo un cambio de rumbo serio en este sentido; de un parte el informe de la Fundación Everis y de otra el de FAES. Ambos documentos son contundentes en sus análisis y coincidentes tanto en el diagnóstico como en las recomendaciones. En pocas palabras; no podemos permitirnos semejante despilfarro, es un dislate en lo social y un coladero por el que se van los mejores recursos de la Nación, y en este caso, Señor Zapatero, la Nación, con mayúsculas, ni es un concepto discutido ni discutible, por mucho que pretenda aplicarse el relativismo moral. Los hechos son tozudos, como decía Lincoln, y no hay hecho más evidenciable que la existencia y la presencia en la historia del mundo de la Nación española, única e indivisible.
La mayor parte de nuestros políticos soslayan el debate sobre la conveniencia de poner freno al llamado estado de las autonomías, la explicación es muy sencilla, se trata de una cuestión de poder y empleo. Nunca tuvimos tantos políticos en nómina, y este hecho hemos de agradecerlo precisamente a las 17 comunidades y ciudades autónomas que dan pesebre a 17 parlamentos, innumerables consejerías, direcciones generales, puestos de asesores y siga usted contando, todo esto sin hablar de chiringuitos, empresas públicas, fundaciones, mancomunidades, diputaciones y demás sillones. En definitiva, a nadie le interesa poner el cascabel al gato, sacar la tijera y meterle mano al desaguisado, más que nada porque muchos amigos y partidarios deberían buscar un trabajo. Muy al contrario se buscan argumentos y beneficios a fin de justificar lo injustificable en la confianza de que el papel y el pueblo español, lo soportan todo.

Tal vez el argumento más vacuo en sí mismo y demagógico que nos encontramos, es el de la libertad y la democracia. Al parecer según algunos eruditos de la partitocracia profesional, el estado de las autonomías nos proporciona mayores dosis de libertad, y hace que la democracia resulte más representativa. El discurso se queda ahí. Analicemos la cuestión: Al parecer la antigua división, de ayuntamientos, diputaciones y estado central, no permitía que los españoles fuéramos más libres y parece ser también que esto era muy poco democrático. La democracia, en esencia, es la libre elección por parte de la nación de sus representantes para el buen gobierno de la cosa pública, o sea lo que es de todos, ahí se queda la cosa. Otra cuestión es la división administrativa que queramos dar a nuestro estado, lo cual es una cuestión técnica que en nada tiene que ver con la democracia en sí. Tal vez, si lo que deseamos es profundizar en los conceptos de libertad y democracia, no debamos centrar nuestras miras en crear estructuras pesadas donde miles y miles de políticos profesionales, familiares, amiguetes, corifeos, plañideras, abrazafarolas, conmilitones, palmeros y adláteres hallen un hueco donde asentar sus posaderas. Tal vez el hecho de democratizar los partidos, favoreciendo la igualdad de oportunidades, permitiendo las listas abiertas, ayudaría a que los militantes, que en mi humilde opinión son los dueños de los partidos, que no sus órganos directivos, favorecería la perfección de la democracia. Un buen político no ha de tener miedo de ninguna clase a postularse en buena lid frente a otros compañeros para ser candidato entre sus conmilitones, véase el ejemplo de los estados unidos. Por otra parte, el hecho de permitir la reforma de la ley electoral para favorecer la elección directa y personal de candidatos por circunscripciones y no de partidos favorecería muy mucho la libertad de elección al votante y aseguraría la representación en la defensa de los intereses del territorio. Todas estas medidas tan simples, son bastante más eficaces que mantener el monolitismo antidemocrático de la disciplina de partido, y evitaría las tan costosas divisiones territoriales e intereses aldeanos que, no solo manchan el juego político, sino que arruinan nuestra economía.

Hay una premisa tan demostrable como las leyes de Murphy, y es que si pones a un político en un cargo determinado, este tiende de inmediato a rodearse de secretarias, administrativos, personal de confianza y demás peones que hagan por él su trabajo, dado que la asistencia a plenos, convocatorias, inauguraciones, desfiles, copas de navidad, comidas, cenas y demás saraos que acompañan al cargo, no deja mucho tiempo para la administración. Otra premisa constatable nos dice que en el momento que un político decide realizar una acción política determinada, detrás de esta hay que realizar reglamentos, leyes, proveer unos presupuestos ad hoc, contratar funcionarios y crear los organismos oportunos para que la política en cuestión se lleve a cabo. Basándonos en estas dos premisas fundamentales concluiremos en que la administración de lo público en España es algo sin fin, que se reproduce a si misma independientemente de las disponibilidades presupuestarias, y siempre es directamente proporcional al número de políticos en activo. Concluiremos por tanto en que de ninguna de las maneras nos conviene tener 17 autonomías al evidenciarse todo lo que lleva detrás. Desde el punto de vista empresarial, una administración racional y eficaz ha de ser rentable, de bajo coste y no contar jamás con demasiado personal. El problema es que en la política hay muy pocos empresarios y muchos funcionarios, y de esos polvos vienen estos lodazales, el diagnóstico es muy simple.

Precisamos, como decía el economista Manuel Muela, de un plan B; un plan que augure un mejor futuro para España, que nos proporcione una salida viable y exitosa del problema institucional, económico y moral que asola a la nación. El problema es que ya no hay un Prim o un Unamuno, o tan siquiera un Ortega que tengan voz y peso moral frente a nuestra partitocracia cuyos sordos oídos, lejanos a las necesidades reales de la sociedad, y a los intereses de la nación, persisten numantinamente en defender cargos y prebendas, en sostener un debate estéril, y en proponer recetas que soslayan pertinazmente el problema de fondo. La conclusión inevitable en esta tierra de sangre y sol, de caínes, de toros y de asonadas y revoluciones, es que cuando un problema se deja en el cajón, a la espera de que desaparezca por si solo; termina creciendo cuan bola de nieve y generando un peligroso efecto dominó que solamente puede augurar caos, pobreza y desolación por doquier.

Insistimos por tanto, que es hora de tomar decisiones, de pactar, de ser valientes y de poner las miras en el bien común frente al beneficio cortoplacista de partido. Hora es de forjar unos acuerdos de estado que avalen el futuro que merece una nación occidental, democrática y avanzada, con nuestro peso histórico, y auguro que los valientes que den el paso al frente obtendrán los mejores réditos electorales que jamás hayan podido esperar, eso sí, el asunto requiere esfuerzo, tesón, imaginación, nobleza, algo de idealismo, mucho realismo y un cierto amor por la patria. Esto no es tarea de un partido, sino esfuerzo colectivo.

Un sistema insostenible

JOSE MANUEL ARECES.- Editor El Reformista

“El grado de intervención del estado es directamente proporcional a las demandas sociales”

Llevamos años hablando de las necesarias reformas estructurales que precisa el estado (nos referimos con ello a todas las administraciones públicas), España ha vivido desde la transición y la formación de las primeras comunidades autónomas en una extraña ilusión colectiva. Este fenómeno se vio agravado con el imparable crecimiento de las administraciones regionales, las duplicidades de servicios públicos, las contrataciones masivas de empleados públicos, la apertura de parlamentos regionales, sedes de consejerías y otros organismos y ante todo la pléyade de políticos en nómina. Cualquier profesional de la política en un ejercicio de demagogia barata, tal vez como José Bono cuando piensa en su patrimonio alegaría que España jamás ha gozado de tanta libertad, corregimos, España jamás ha tenido tantos políticos, primos-hermanos, vecinas de arriba, hijas de padrino, afiliados al sindicato, paisanos del pueblo, sobrinos de mi banquero y ligues varios en la nómina de la administración, o sea eso que pagamos usted y yo. La libertad es una cosa, y las administraciones públicas otra bien distinta.

La llegada de los fondos de cohesión europea supuso otro gran paso en la construcción del fenómeno de alucinación colectiva que vivimos, una cascada de millones se deslizó entre los dedos de nuestros administradores públicos y fluyó en todas las direcciones posibles menos la del progreso real de nuestra nación. Gran parte de ese dinero se dirigió raudo a la construcción de miles de centros culturales, edificios emblemáticos, auditorios, polígonos industriales vacíos en sitios inaccesibles, casas rurales, farolas de diseño, jardines rococó, estatuas horrendas, y fuentes con chorrito. Pan y circo, humo y sombras, mucho arte y ocio, y muy poca chicha.

Paralelamente al brutal crecimiento de las administraciones públicas y los cientos de chiringuitos subsidiarios y subsidiados, los políticos descubren que el manso pueblo no para de reclamar soluciones a toda clase de problemas, y ni cortos ni perezosos, crean departamentos, áreas, subdirecciones generales, institutos y fundaciones para atender todas estas “demandas sociales”, cuanto más grande es el animal burocrático, más insaciable se vuelve, hay que contratar técnicos para supervisar la calidad de la levadura de las panaderías, especialistas en la reproducción del pino piñonero, estudiosos de la lengua vernácula de turno, asistentes sociales para observar el grado de aplicación de grasas en escuelas infantiles, y el señor que cuida la fuente con chorrito. Políticos y empleados públicos aseguran su puesto de trabajo mientras la propia sociedad participa demandando a la administración dinero para cualquier problema que le surja. ¿Qué se cierra una empresa porque no vende?, a los trabajadores hay que darles cursos gratuitos, pasta y un seguro dental, ¿Qué los señores y señoras con dudas quieren un cambio de sexo?, el estado se lo paga, no se preocupe usted. Y así la burbuja crece y crece y todos y cada uno de nosotros hemos criado a una bestia enorme, una bestia que tiene hambre y a muchas personas que mantener. Cada organismo contrae unas obligaciones funcionales de servicio, cuyas prestaciones a su vez se convierten en derechos inalienables del pueblo llano, y la cuenta sigue subiendo. El pueblo piensa, ¿Qué más da?, si paga el estado. El administrador de turno piensa por su parte, he de subir los impuestos.

Este, al que algunos llaman el estado de bienestar, es el más injusto de todos, porque ciertamente unos bien están, otros están fenomenal, y una gran mayoría ha de trabajar para sostener a la pléyade de servidores públicos, a la masa informe de beneficiarios, a la par que mantener su hogar, pagar el recibo de la luz, comer, y si es posible ir de vacaciones. Como no llegamos a fin de mes, para pagar la subvención de la casa rural de Eufrasio, que aparte nos cobra la estancia como está mandado a precio del Ritz, hemos de acudir al crédito. La burbuja sigue creciendo imparable.

Los españolitos de a pié solo votan a aquellos que más regalos prometen, y por ello el arte de ser político en estos tiempos se ha convertido en el arte del regalo y la promesa fácil. Llamamos administradores públicos a señores que se dedican a mantener una red clientelar particular aparte de regular todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. De hecho hemos creado una norma para lo que llamamos la sociedad del bienestar, “El grado de intervención del estado es directamente proporcional a las demandas sociales”.

La libertad, y la democracia, no suponen, aunque al pueblo llano se le haya educado de esta manera, ni más burocracia, ni más impuestos, ni más regalitos, ni tan siquiera más supuestos derechos irreversibles. Democracia es el gobierno del pueblo, la soberanía popular quita y pone gobiernos, democracia significa que cualquier ciudadano aspire, en igualdad de condiciones, y sin merma por su origen o ideología, a ostentar un cargo público. Democracia implica que los ciudadanos participan en el gobierno de la cosa pública con derechos y con obligaciones. En España tenemos un sistema con tintes democráticos, donde unos pocos gobiernan partidos políticos con miles de afiliados, pero donde la democracia interna no existe. En España grupos de intereses como los medios de comunicación, algunos empresarios y en especial la banca financian las campañas políticas de los partidos, y a posteriori pasan factura. En España, la soberanía popular se ejerce mediante el voto, el voto del pueblo llano es una cosa que se deposita en una urna cada cuatro años, y a partir de ese momento, el pueblo llano no dispone de más instrumentos para acudir a sus representantes y hacerse oír que esperar a las elecciones siguientes.

En resumen podemos culpar a los profesionales de la política de muchos de nuestros males, pero en esencia, la propia sociedad está tan corrompida como sus propios gobernantes. El imperio romano cayó principalmente por una crisis económica brutal. Pues los gobernantes dilapidaban la mayor parte del tesoro en regalar comida y espectáculos a los ciudadanos. Pan y circo a cambio de nada de preguntas, con el pueblo contento el gobernante de turno hacía y deshacía a gusto. Ayer como hoy.

Un vaticinio, y perdonen la claridad en los términos: nuestro sistema se va al carajo. Esto es insostenible, no se van a poder pagar a un tiempo, y con los ingresos disponibles y futuribles, deuda, pensiones, prestaciones de desempleo, coches oficiales, más organismos públicos, empelados del erario, sindicatos del régimen, chiringuitos, levantamiento de tumbas de rojos o azules, campañas de vacunación del perrito, el estudio de la cría de la rana toro, casas de acogida para inmigrantes, cursos de formación para sexadores de pollos y la fuente con chorrito. Es imposible porque el dinero no llega para todo, y lo que es más importante, por una cuestión conceptual, el estado no puede administrarnos nuestra vida. Hay una parte que corresponde a la sociedad, y hay que reeducarla en este sentido. El estado no puede buscarte trabajo, no te puede buscar novia, no puede cambiarte el sexo, no debe educarte, ni debe pensar por ti.

Es imperativo comenzar a marcar líneas rojas por todas partes, al estado hay que marcarle sus límites de áreas intervención, unos topes de crecimiento y especialmente unos máximos de endeudamiento, contrataciones, etc. A los ciudadanos como señalaba antes, hay que reeducarles y que sepan que tienen en gran medida que buscarse la vida por su cuenta. ¿Qué quieren montar un equipo de futbol?, busquen el dinero, ¿Qué quieren organizar la cabalgata del orgullo gay?, vendan lotería. ¿Quiere un piso nuevo?, ahorre. Todos debemos sacrificarnos en pro de la felicidad, una vida mejor y demás deseos bellos. Pero a costa de trabajo y esfuerzo, de imaginación y tesón, esa es la libertad, decidir que quiero y pugnar por ello. El estado ha de garantizar la igualdad de oportunidades, en la medida de lo posible, y los ciudadanos desenvolverse por sí mismos. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, presupuesto base cero y comenzar de nuevo. Debemos aligerar carga todos en conjunto y resetear nuestra concepción del país en el que vivimos, de lo contrario mañana habremos de echar el cerrojo en esta piel de toro y pasar a ser un protectorado de otra nación por no saber gobernarnos con prudencia, sensatez, esfuerzo y trabajo.